La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) no encuentra ningún obstáculo que impida la construcción de 2.200 viviendas en Cala Mosca, el último kilómetro virgen del litoral de Orihuela (Alicante, 80.784 habitantes). El último recurso contra la urbanización Alameda del Mar, que se situaría en primerísima línea de playa, se aferraba a los informes desfavorables emitidos por la Demarcación de Carreteras del Estado contra el posible entorpecimiento del tráfico que acarrearía el proyecto, argumento apoyado por el grupo municipal de Cambiemos, la marca de Podemos en el municipio alicantino. Sin embargo, para los magistrados del TSJ, la última modificación del plan de Cala Mosca, aprobada por el pleno del Ayuntamiento, “no afecta a las competencias sectoriales de los órganos de la Administración del Estado en materia de carreteras, ni por tanto resulta preceptivo su informe”. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

De momento, la sentencia firmada el pasado 14 de noviembre es el último puntal de un proceso judicial que comienza hace 30 años. El entonces alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena (PP), modifica la calificación del suelo comprendido entre Punta Peñas y Playa Flamenca, en la costa oriolana, para levantar 2.200 viviendas en primera línea de mar. La constructora Gomendio dispone de 240.000 metros cuadrados en pleno paraje natural, el último recodo sin construir de la zona, pero se topa con el rechazo social y administrativo al proyecto. Tras sucesivas modificaciones, un partido formado por residentes en Orihuela Costa, como se conoce al tramo costero del municipio, situado a 30 kilómetros del centro urbano, lleva hasta Bruselas su oposición al plan urbanístico. La clave para su defensa ante los tribunales es la salvaguarda de dos especies amenazadas, el caracol Tudorella mauretanica, un molusco, y la jarilla cabeza de gato (Helianthemum caput-felis), una planta de flores amarillas.

La empresa constructora no se echa atrás y progresivamente va alcanzando pactos que facilitan el desarrollo de la Alameda del Mar. Un acuerdo del pleno de Orihuela, en septiembre de 2021, con Emilio Bascuñana (PP) al frente en coalición con Ciudadanos, aprueba la modificación definitiva del Plan de Mejora de Alameda del Mar que parece apuntalar la construcción de las 2.200 viviendas y da entrada en el terreno a las excavadoras. Además, el 19 de julio de 2022 consigue el aval de la Generalitat, concretamente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que en ese momento lideraba Mireia Mollà (Compromís), mediante la cesión de una parcela de 60.000 metros cuadrados para proteger la jarilla cabeza de gato. Gomendio se compromete también a remodelar y diseñar accesos, a erigir un vallado perimetral que impedirá el acceso de vehículos, personas o animales y a incluir una reserva de fauna para garantizar la conservación de la población del caracol. La vía ecológica utilizada por las entidades contrarias al proyecto queda así definitivamente arrinconada.

En septiembre del año pasado, la alcaldesa oriolana, Carolina Gracia (PSOE), que desbancó a Bascuñana de la Alcaldía gracias a un acuerdo con Ciudadanos y Cambiemos, estos últimos con la protección de Cala Mosca como línea roja indiscutible, propuso una mesa de negociación entre los partidos con representación municipal, la Generalitat y la constructora, con el fin de explorar por la vía política posibles alternativas para no perder la última playa virgen. Gracia ofrece permutas de suelo e indemnizaciones económicas para Gomendio, pero todo queda en papel mojado. Entre otras cosas porque uno de sus socios, Ciudadanos, es uno de los principales defensores del proyecto. En las últimas elecciones municipales, José Vegara (PP) consigue la vara de mando con Vox como socios. Y el asunto de Cala Mosca desaparece desde entonces de las actas municipales.

El recurso interpuesto por la Demarcación de Carreteras del Estado y Cambiemos deja a un lado las especies protegidas para centrarse en el informe negativo redactado por la entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En una zona residencial de gran tránsito de vehículos, focalizada en la N-332 que viene desde la también masificada Torrevieja, la llegada de 2.200 viviendas acentuaría los problemas de atascos que se dan, principalmente, en verano. Sin embargo, el TSJ no aprecia que el acuerdo plenario afecte en ninguna medida a la situación de las carreteras actuales, con lo que desestima el recurso, que puede elevarse hasta el Tribunal Supremo, e impone costas a los dos demandantes.

Para Cambiemos, este fallo es “una noticia triste porque finaliza uno de los cauces abiertos que podían paralizar la construcción”, declara Enrique Montero, concejal de la formación. Ahora, analizarán la sentencia y esperarán “al criterio del ministerio para ver si tomamos la decisión de recurrir”. “Estamos muy preocupados por la falta de servicios en Orihuela Costa”, continúa Montero, que pueden agravarse con la urbanización de Cala Mosca. La decisión judicial también ha supuesto “un revés” para la asociación vecinal Salvemos Cala Mosca, ya que habían depositado en este recurso su “última esperanza por la parte judicial”, señala el secretario de la asociación, Ángel Barceló. “Es imprescindible la construcción de un segundo vial para adecuar la carretera al tráfico que va a venir”, considera. A su juicio, la Alameda del Mar acentuará aún más la precaria situación de los servicios de Orihuela. Fuente