Hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Chimo Puig. El magistrado deja abierta la puerta a una nueva prórroga por igual plazo o uno inferior a instancias del Ministerio Fiscal -que es quien la había solicitado- y previa audiencia de las partes.

Todo ello, según ha comunicado el juez a las partes en un auto y confirman fuentes próximas al caso, en el que, como se ha dicho, el magistrado responde al escrito de solicitud de la Fiscalía Anticorrupción dentro de las diligencias previas que se llevan a cabo y que tienen por objeto un posible delito de malversación y otros y que fueron incoadas en auto de 7 de mayo de 2019.

En este caso, se investiga el presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña por empresas supuestamente relacionadas con el citado Francis Puig, hermano de Chimo Puig. El hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Francis Puig, ya ha declarado en calidad de investigado.

El juez, según las fuentes consultadas, argumenta su decisión con extrema precisión, consciente del enorme y concienzudo trabajo que tanto el propio juzgado como la fiscal y su equipo están llevando a cabo en esta causa. Y tiene en cuenta para abrir este nuevo plazo cuestiones trascendentes, que puntualiza con toda claridad.

Entre estos motivos, y siempre según las mismas fuentes, se hallan las dilaciones, que no son imputables al órgano judicial, así como la dificultad que existe para incorporar el material probatorio para la investigación, ya que existen diligencias que aún no han podido ser realizadas y de las que podrían, supuestamente, desprenderse, a su vez, otras. Argumento este que explicaba con toda claridad la fiscal en su escrito de petición, tal como confirmaron las fuentes consultadas.

Hay que recordar que, a día de hoy, continúa pendiente el informe de intervención pedido a la Generalitat Valenciana así como otras diligencias solicitadas en torno a este caso.

Se da la circunstancia, ya al margen de la investigación judicial, de que en sede parlamentaria, el Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha solicitado, a través de su presidenta, la oriolana Eva Ortiz, en reiteradas ocasiones la personación en el caso de la Abogacía de la Generalitat, al considerar que existe un supuesto daño a las arcas públicas.

En su última comparecencia, también en sede parlamentaria, la consejera de Justicia Gabriela Bravo argumentó que esa personación no se había producido porque se desconocía si existió ese supuesto daño y si, en caso de que se hubiera producido, la cantidad se elevaba por encima de los 120.000 euros e incurría, en consecuencia, en un presunto delito de fraude, mientras que el PP considera que el solo hecho de que se hubiera podido dañar las arcas públicas ya era suficiente para llevar a cabo la citada personación. Fuente