Compromís sigue la estela catalanista de Acció Cultural: que los comercios atiendan en valenciano. Varias asociaciones relacionadas con el sector turístico ya se han posicionado en contra de la iniciativa.
Se da la circunstancia de que tal como publicó en su día OK DIARIO, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó la norma estrella del presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, para denunciar y multar a los comercios que elegían libremente dar prioridad al castellano sobre el valenciano.
Sin embargo, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Alvaro, diputada por Castellón, ha presentado ante la Mesa de las Cortes Valencianas una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno valenciano a efectuar las reformas necesarias para hacer efectivo el derecho de poderse relacionar en valenciano o castellano en las relaciones de consumo en territorio valenciano, lo que en la práctica supone que los comerciantes y sus contratados deben conocer esta lengua y, por lógica, si deben relacionarse, deben poder conversar. Por tanto, supone un requisito que ahora afecta al sector comercial y, por tanto, al sector privado.
El detonante hay que buscarlo en un incidente acaecido recientemente en un bar de Gandía, donde un camarero se negó, al parecer, a atender a un cliente que se había dirigido a él en valenciano. Así, lo denunció Plataforma per la Llengua, una entidad catalanista que entre 2016 y 2021 ha recibido al menos 311.000 euros en subvenciones del Gobierno valenciano. Plataforma per la Llengua ha interpuesto una denuncia por este hecho ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana.
Acció Cultural del País Valenciano (ACPV), otra entidad catalanista, que ha recibido al menos cerca de 380.000 euros en subvenciones de la Generalitat Valenciana entre 2016 y 2021, ya promovió en 2019 una ley, denominada de igualdad lingüística, para contemplar el derecho de los valenciano parlantes a ser entendidos en esa lengua en empresas y establecimientos como restaurantes o cafeterías. En aquel momento, se decía que la iniciativa no implicaba saber hablar valenciano, pero sí entenderlo. Ahora, a través de Compromís, llega a las Cortes Valencianas una nueva iniciativa que va más allá y reclama el derecho de los usuarios y/o clientes valenciano parlantes a poder relacionarse en esa lengua. No sólo a ser comprendidos, ya que relación implica conversación. Pequeños avances, grandes logros.
La iniciativa, además, insta también a continuar trabajando para fomentar el uso del valenciano e incrementar sus actuaciones con las empresas y profesionales dedicados al (sector) del Comercio y el Consumo. Toda una declaración de intenciones que deja poco lugar a la duda.
Varias asociaciones han salido de inmediato a manifestar su oposición a esta medida. Fundamentan esa oposición en que la Economía de la Comunidad Valenciana se basa en la industria turística, que representa una parte importante del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano. Se da la circunstancia de que en Benidorm y otras localidades turísticas el idioma internacional de referencia es el inglés, en el que sí se dirigen muchos clientes a los establecimientos. Ya sea una tienda de ropa o una cafetería. El sector no acepta imposiciones y reclama su libertad a la hora de dirigirse a sus clientes en cada momento.
La imposición del valenciano va creciendo paulatinamente. Una especie de lluvia fina. A la plataforma audiovisual con Cataluña y Baleares que tendrá como lengua de referencia el catalán, a la imposición del valenciano en las escuelas, o su incorporación a la Administración pública se suma ahora el intento de que propietarios y dependientes de comercios de la Comunidad Valenciana estén obligados a saber valenciano.
El Partido Popular ha anunciado que, de prosperar, llevará la iniciativa a los tribunales. Los populares advierten de que no están dispuestos a que se penalice el no uso del valenciano. Fuente
